$1 millón de dólares en penalizaciones para empleadores: un paso en la dirección correcta — pero aún mucho camino por recorrer

El 23 de julio de 2021, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) emitió decenas de infracciones, incluyendo 6 de motivación indebida, y propuso $998,637 dólares en multas contra cuatro compañías asociadas a la fuga mortal de nitrógeno que ocurrió a principios de este año en Foundation Food Group (FFG), una planta procesadora de productos avícolas en el estado de Georgia. En parte, estas infracciones alegan que las cuatro compañías no implementaron protocolos de seguridad que pudieron haber prevenido la muerte de seis mujeres y hombres trabajadorxs y las lesiones de al menos una decena de trabajadorxs más. Esta decisión marca una victoria trascendental para lxs trabajadorxs migrantes que alzaron la voz para responsabilizar a sus empleadorxs por socavar sus derechos a la salud y seguridad en el trabajo.

Centro de los Derechos del Migrante, Inc (CDM) y Sur Legal Collaborative (Sur Legal) se sienten honrados de haber podido apoyar a las y los trabajadorxs en su búsqueda de justicia, combinando nuestra experiencia legal y de promoción entre trabajadorxs, junto con el National Immigration Law Center (NILC), el Southern Poverty Law Center (SPLC), y muchas otras organizaciones y grupos comunitarios.

En enero, tan sólo unos días después del incidente, nuestros equipos viajaron a Gainesville, Georgia para encontrarse con las y los sobrevivientes. Además de platicarnos sobre el evento traumático, las condiciones peligrosas de trabajo y su miedo a represalias, las y los trabajadorxs nos transmitieron su deseo inquebrantable de buscar justicia. CDM apoyó la participación de las y los trabajadorxs en la investigación a gran escala que llevó a cabo OSHA, entrevistando a mujeres y hombres que trabajaban en la planta y representando a una de ellas en su entrevista con OSHA. Por su parte, Sur Legal educó a las y los trabajadores sobre sus derechos legales, especialmente durante las inspecciones e investigaciones de OSHA. Sur Legal también llevó a cabo entrevistas, representaron a varixs trabajadorxs en sus entrevista con OSHA y ha promovido la acción diferida para las y los trabajadorxs migrantes afectados.

Las multas de OSHA contra Foundation Food Group, Messer LLC, Packers Sanitation Services Inc, and FS Food Inc. — que alcanzaron prácticamente el máximo legal — son un primer paso importante para lograr responsabilizar a lxs empleadorxs. En este mismo sentido, felicitamos a las agencia por expedir 26 diferentes infracciones que ponen una lupa en los peligros que enfrentan las y los trabajadorxs de FFG todos los días — salidas de emergencia bloqueadas, falta de alarmas de emergencia y falta de protocolos y entrenamientos de seguridad en general.
Las 6 violaciones de motivación indebida, que representan las multas más altas que OSHA puede imponer a un empleador, fueron por exponer a las y los trabajadorxs a lesiones térmicas y elementos peligrosos de sofocación.

El éxito de la investigación de OSHA se debe a la valentía de las y los trabajadorxs que ejercieron sus derechos y levantaron la voz sobre lo que ocurrió el día del accidente y sobre sus preocupaciones sobre su salud y seguridad a pesar de las tácticas de intimidación utilizadas por sus empleadores. Pero esta decisión también pone a relucir los límites de un sistema que falla repetidamente en proteger a las y los trabajadorxs — un sistema que favorece los intereses corporativos a expensas de los derechos de las mujeres y hombres trabajadorxs.

Un paso en la dirección correcta sería que OSHA implementara sus estándares incrementando inspecciones en los lugares de trabajo antes de que ocurran tragedias, en vez de llevar a cabo inspecciones y levantar infracciones tardías que son de poco consuelo para las familias de quienes perdieron sus vidas. OSHA necesita contratar más inspectores para expandir el alcance de la agencia.

Dado que la industria procesadora de productos avícolas está plagada de abusos, OSHA debería implementar un Programa de Énfasis Nacional (NEP, por sus siglas en inglés), a fin de cubrir todas las plantas procesadoras de carne y mariscos bajo la jurisdicción de OSHA.

OSHA debería también, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), ofrecer acción diferida y otras formas de apoyo migratorio para las y los trabajadorxs indocumentados que participen en las investigaciones de OSHA. Empleadores frecuentemente usan el estatus migratorio de sus trabajadorxs para intimidarlas y disuadirlos de reportar violaciones en sus lugares de trabajo. El miedo a las represalias produce un efecto paralizante en las y los trabajadorxs que de otra manera podrían hablar de los abusos.

De manera adicional, a fin de asegurar que todas y todos lxs trabajadorxs gozan del derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable, el Congreso de los Estados Unidos debe enmendar el Acta de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH Act, por sus siglas en inglés) para revertir el desbalance sistémico de poder que existe entre trabajadorxs y empleadorxs. Entre otras cosas, debe:

  1. Incrementar significativamente los límites en las multas establecidas en el OSH Act para que puedan servir como una herramienta de cumplimiento. Los límites actuales son demasiado bajos como para poner fin a las tragedias en los lugares de trabajo;
  2. Incluir disposiciones para que las compañías sean sujetas a investigaciones criminales en todas las investigaciones de muertes;
  3. Extender el plazo de prescripción de 30 a 180 días para poder presentar una denuncia en caso de represalia; un periodo de tiempo más comparable a otros estatutos relacionados a informantes;
  4. Crear un derecho de acción privado para las y los trabajadorxs a fin de garantizar su derecho a presentar sus propios casos de salud y seguridad, así como de represalias, con su propios abogados;
  5. Asegurarse que las compañías no demoran cambios críticos de salud y seguridad, forzando a OSHA a participar en litigios largos y complicados;
  6. Dar a OSHA la autoridad de clausurar lugares de trabajo peligrosos que ponen en riesgo a las y los trabajadorxs sin tener que hacer una petición ante la corte distrital; y
  7. Permitir la restitución temporal de las y los trabajadorxs que alegan represalias en lo que OSHA investiga sus reclamos.

Las infracciones y multas de OSHA contra Foundation Food Group y las otras compañías implicadas en la tragedia de enero refuerza nuestro compromiso de luchar por la justicia. CDM y Sur Legal seguirán abogando por políticas que reflejen las voces y experiencias de las y los trabajadorxs migrantes, sus familias y sus comunidades.

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https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo